Normativa

Desde el plano histórico, el primer texto a nivel internacional que menciona el principio de plena competencia es el borrador de 1933, denominado Tratado Multilateral de asignación de utilidades de negocio, desarrollado en Estados Unidos.  Adicionalmente, el primer caso en el que una Corte a nivel de resolución de disputas realiza un ajuste de ingresos para reflejar la realidad económica de una operación se produjo en 1935, dentro del caso Asiatic Petroleum Co. vs Commissioner of Internal Revenue, de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos.  Sin embargo, los precios de transferencia surgen como una herramienta interna para combatir la manipulación de precios en el Reino Unido en el año 1915, mediante la Ley de Finanzas, la cual señala que en caso de que haya alguna conexión entre una empresa residente en el Reino Unido con otra no residente y que el negocio lleve a la residente a menores beneficios, la empresa no residente debe pagar impuestos en Reino Unido por los beneficios desviados hacia ella.

Posterior a lo estipulado por el Reino Unido, en 1917 el Congreso de los Estados Unidos dio poderes a la Autoridad fiscal para establecer la exigencia de declaraciones consolidadas a empresas asociadas sobre los impuestos federales, mediante reglamentación complementaria a la sección 1331 de la War Revenue Act of 1934 (Ley de Ingresos) con el fin de determinar el capital invertido e ingresos gravables. Es importante señalar que para dichos años la Administración Tributaria de Estados Unidos no contaba con herramientas adecuadas para precisar comparables en materia de precios y realizar intercambios de información con otras administraciones tributarias.

Las normas de precios de transferencia se comienzan a aplicar en Latinoamérica a partir de 1995, siendo México el primer país que las incorporó.  En general, salvo el caso de Brasil, las normas de precios de transferencia siguen los Lineamientos de la OCDE, que desde 1979 han dado el marco conceptual que aplican la mayoría de países latinoamericanos.

Los países latinoamericanos que son miembros de la OCDE son Chile y México, estando a la fecha en proceso de postulación Colombia y Perú, que quieren formar parte de esta organización. No obstante, las legislaciones de precios de transferencia de los países latinoamericanos incorporan los Lineamientos de la OCDE en sus aspectos principales (salvo el caso de Brasil como ya se ha explicado) como el principio de plena competencia, los métodos que se utilizan para acreditar que un contribuyente ha cumplido con este, los criterios de comparabilidad, los ajustes, entre otros. El grado de incorporación de los Lineamientos OCDE dependerá de la decisión legislativa de cada jurisdicción, la cual puede incorporarlos de forma expresa. Ejemplo de ello puede ser el caso de la legislación peruana,  en la que se señala que en todo aquello que no se oponga a su Ley del Impuesto a la Renta será de aplicación obligatoria lo establecido en los Lineamientos de la OCDE.

Ahora bien, el primer aspecto que se debe de tener en consideración cuando se quiere analizar un tema de precios de transferencia es definir el ámbito de aplicación de las normas, vale decir, ¿cuándo se aplican las normas de precios de transferencia? ¿Cuáles son los supuestos contemplados por la norma de cada país a fin de aplicar la figura o institución de los precios de transferencia? En general, tal como señalamos, el punto 1.6 de los Lineamientos de la OCDE indica que las normas de precios de transferencia se utilizan para analizar transacciones entre partes vinculadas o relacionadas. No obstante, será la legislación interna de cada país la que establezca quienes se consideran partes vinculadas o relacionadas.